¿Es lícito en este momento gastarse más de 6 millones de euros de fundos provenientes de los impuestos y de los ahorros de los ciudadanos para una inversión a una institución privada?

Esta es la pregunta que me hago como alcalde de un pequeño pueblo de la provincia de burgos. El pueblo de San Juan de Ortega está a punto de ver como la obra que inicio el Santo y que después de la desamortización queda en abandono y ruina, está a punto de iniciar su completa restauración. Desde la Entidad Local Menor de San Juan de Ortega estamos contentos de que se retome la restauración del Santuario, pero no a cualquier precio.

¿Por qué decimos que “no a cualquier precio”? Son dos los argumentos que nos hacen plantearnos esta pregunta. La primera responde a la inversión y su forma y la segunda a la capacidad de servicios actuales de los que dispone el pueblo para hacer frente al futuro que se le presenta con la ejecución del proyecto de restauración.

Para el primer punto consideramos que la inversión proveniente de dinero público aportado por la Junta de Castilla y León y dinero aportado por la Fundación Caja de Burgos que corresponde a los ahorros de sus antiguos clientes, no puede ni debe ser invertidos en la restauración y puesta en marcha de una actividad con fondos 100% públicos para que luego pase a una gestión 100% privada, como es el Arzobispado de Burgos y sobre todo de la forma que pre visiblemente se pretende. El Arzobispado de Burgos junto con el Cabildo firma un convenio en enero de 2008, del cual no se conoce información y que podría tener pre visiblemente una duración de 30 años con una renta de 1 euro por anualidad, con una fundación del País Vasco llamada Fundación DIPER, para que esta se haga cargo del Monasterio junto con las Iglesias y el refugio de peregrinos. De esta fundación poco sabemos, si conocemos que los patronos que la componen son todos miembros de una misma familia. Desde instituciones vinculadas al Camino de Santiago se desconocía que el Cabildo buscaba un gestor para el Monasterio y existía mucho interés, pero nadie se entera que se está realizando esta búsqueda, todo queda en el seno de la institución de la iglesia católica.  Se entiende que esta fundación se hace cargo de la gestión y mantenimiento de todo el complejo monacal desde la firma del convenio. Por otro lado la Junta de Castilla y León, Caja de Burgos (hoy Fundación Caja de Burgos) y el Arzobispado de Burgos en julio de 2009  firman un convenio donde la Junta y Caja de Burgos ponen el dinero al 100% y el Arzobispado pone el inmueble. Deducimos que el Arzobispado no pone ni un céntimo pero recibe el 100%. Con anterioridad el Arzobispado se buscó a la Fundación DIPER para que esta pusiera entre otras la magnífica idea de poner en valor un centro asistencial. Esta idea era indispensable para poder llegar a percibir fondos públicos porque no se plantea la posibilidad de gastarse esa cantidad de dinero sin una idea social. Pero donde está la presunta “trampilla” en este juego de convenios. El convenio que firma la Junta de Castilla y León, Caja de Burgos y Arzobispado solo es para realizar las obras de restauración y acondicionar el edificio y para darle un uso ya impuesto que planteó la Fundación DIPER con el Arzobispado. Una vez se termine la obra tanto la Junta como la Fundación Caja de Burgos pierden todo el control sobre lo que ocurra en las instalaciones de las cuales ambas instituciones han financiado al 100%. En el título del proyecto y para que sea más creíble la inversión que se pretende realizar han incluido las palabras centro cultural, peregrinos, asistencial …, son palabras necesarias para camuflar la inversión pública y que no den tanto “el cante” ante una presunta realidad que es la de inyectar al Arzobispado de Burgos más 6 millones de euros públicos camuflados en la restauración del Monasterio de San Juan de Ortega. Como quede finalmente la gestión del edificio y su uso solo dependerá de la Fundación DIPER y poco se puede hacer desde las partes que invierten el dinero. En el proyecto se hace alusión que se debe comprometer durante 15 años el uso de inmueble restaurado para los fines que son señalados, pero esto lo dice el arquitecto en la redacción y no sabemos en qué condiciones quedó firmado en el convenio de 2009. Y todo este dinero público puesto a disposición del Arzobispado para dar también servicios a un turismo, como  es el peregrino que hace el Camino de Santiago, el cual no necesita inversión pública sino privada. Este sector no necesita ayudas públicas para su mantenimiento y menos en estos tiempos. Hay otros sectores de la sociedad que necesitan estas inversiones públicas, con más urgencia, o que se pongan instalaciones para que puedan ser atendidos como por ejemplo instalaciones asistenciales para dependiente y gente mayor. El Camino de Santiago cuenta con la iniciativa privada que es capad de hace frente a la demanda.  Este lio de convenios, fundaciones, Arzobispado (iglesia, Opus Dei), instituciones, fondos públicos…  suena muy raro y parece poco transparente y no muy aceptable en tiempos de crisis y sobre todo después de lo que estamos viendo y escuchando en los medios de comunicación, referente a casos vinculados con fundaciones “sinónimo de lucro” o como ellas dicen sin  ánimo  de lucro, etc.

Para el segundo punto, desde 2008 llevamos reivindicando cuales son las necesidades de un pequeño pueblo para hacer frente al futuro turístico que se plantea en San Juan de Ortega. De estas necesidades  siempre han sido conocedoras las instituciones públicas, Ministerio de Fomento y Vivienda, Junta de Castilla y León y Diputación Provincial de Burgos y ha fecha de hoy ninguna de las administraciones se ha interesado por dar soluciones a las infraestructuras vitales del pueblo de San Juan de Ortega. Desde la Alcaldía siempre se ha mencionado la necesidad de mejorar la red de agua y saneamiento del pueblo como eje imprescindible, necesario y urgente para poder hacer frente a la cantidad de peregrinos y turistas que nos visitan anualmente y más aun si se pretende rehabilitar el Monasterio en los términos que se mencionan en los anteriores y actual proyecto de 26 habitaciones con sus respectivos baños, restaurante, cafetería, 4 viviendas... Por el momento lo poco que se contempla no está claro y el proyecto indica que no se va a ejecutar en esta fase lo referente a infraestructura y urbanización. Siguen las dudas pero nadie quiere hablar del tema de forma clara con el alcalde sobre este punto. En cualquier obra se proyecta primero lo referente a infraestructuras y urbanización para posteriormente ejecutar la obra. En el caso de San Juan de Ortega sigue quedando para el final y sin el compromiso de hacerlo. Si este aspecto no se soluciona podría recaer en los presupuestos de la entidad local o ayuntamiento la responsabilidad de dotar de estas infraestructuras al complejo y en consecuencia en los impuestos de los vecinos de San Juan de Ortega, Barrios de Colina e Hiniestra. La puesta en funcionamiento del complejo del Monasterio tal y como queda planteado en el proyecto solo puede perjudicar a los vecinos y en consecuencia a los intereses del pequeño pueblo de San Juan de Ortega. Estos son solo dos aspectos que ponen de relieve la urgente mejora de los servicios de los que previamente habría que dotar al pueblo donde se encuentra ubicado el Santuario, desde la dirección técnica y redacción del proyecto han buscado soluciones que no han sido consensuadas con la Entidad Local y que no dejan claro algunos aspectos. Si queda claro que se pretende finalizar en la primera fase la zona asistencial y nos preguntamos con que infraestructuras.

Como siempre nos tocará resignarnos y quedarnos con el papel de los malos. Seremos los malos porque somos los que vemos la realidad de la inversión. Nos anteponemos a lo que puede ocurrir cuando el proyecto esté finalizado. En San Juan de Ortega todos queremos que se realice la restauración, pero no a cualquier precio. No a costa de los impuestos de todos, no teniendo que padecer un periodo de obras sin garantías de calidad para los vecinos y la gente que nos visita, no teniendo que estar pendientes de quién se responsabilizará finalmente de las infraestructuras necesarias, no para el uso que se le pretende dar y sobre todo no por un sinfín de dudas que no cuesta tanto darlas respuesta pero que todos callan.